En el texto de la queja, consultado por Europa Press, el Defensor apunta que en reiteradas ocasiones diversas entidades relacionadas con la gestión de los centros especiales de empleo les trasladan la "angustiosa" situación que atraviesan con motivo de las demoras en la percepción de las subvenciones derivadas de los incentivos de fomento del empleo de personas con discapacidad.

 

Esta situación "se agrava" por que estas entidades se ven abocadas a acudir al crédito bancario, "encareciendo los costes de las mismas y poniendo en peligro su viabilidad", añade Maeztu, que explica que tuvieron conocimiento de esta situación en un encuentro celebrado en la sede de esta Defensoría el pasado 4 de noviembre con las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad en torno a las barreras existentes en las ciudades en el ámbito de las infraestructura , el urbanismo y transporte.

 

Igualmente, apunta que en sede parlamentaria se vienen presentando por los distintos grupos parlamentario diversas iniciativas (Proposiciones no de ley, preguntas orales, etcétera) relativas a las obligaciones contraídas por la Junta con los centros especiales de empleo. Además, señala que en el mismo sentido se destaca esta cuestión en el informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 'Presente y futuro de los Centros Especiales de Empleo' (2012) y diversa información emitida por el CERMI.

 

Además, en el texto de la queja el Defensor recuerda que la Junta a través de la Consejería de Empleo, viene desarrollando un conjunto de medidas destinadas a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas con discapacidad, entre las que cabe destacar la concesión de incentivos para centros especiales de empleo regulados en el Decreto 149/2005, de 14 de junio, habida cuenta de que constituyen un instrumento de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario.

 

En este sentido, indica que el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, pone de manifiesto el carácter singular y de especial interés económico general de las actividades que desarrollan los Centros Especiales de Empleo, así como las características y las obligaciones específicas respecto a otras actividades económicas.

 

Al respecto, el objetivo principal es el de realizar una actividad productiva en el seno del mercado, cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, así como por el reconocimiento a una compensación económica que establece el artículo 44 del citado Texto Refundido.

 

Igualmente, indica que a través de las sucesivas Órdenes anuales se viene regulando la compensación económica por la prestación de los servicios de interés económicos general desarrollados por los centros especiales de empleo, a través de la concesión de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.

 

Además, en el ámbito de la comunidad andaluza, recuerda que el Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido, establece entre otros, los incentivos a este tipo de centros para el mantenimiento de los puestos de trabajos ocupados por personas con discapacidad en régimen de concurrencia no competitiva.

 

De este modo, y teniendo en cuenta la demora que vienen sufriendo los centros en la percepción de los incentivos y la función social de los mismos, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz manifiesta que ha decidido iniciar actuaciones de oficio, porque los centros especiales de empleo "tardan meses en cobrar las subvenciones de la Administración autonómica con las que pagan a los trabajadores y hacen frente a los gastos que residencias y centros de día generan".

 

 

Tanto es así que el Defensor precisa que si no se toman medidas de urgencia, los centros especiales de empleo "están abocados al cierre", porque están generando un déficit y "peligra su supervivencia". Y manifiesta que además de la demora en los pagos de las subvenciones, estos centros se encuentra con "otro lastre más, y es que su cliente principal suele ser la Administración y su trabajo no se paga en tiempo y forma".

 

Esta situación, especialmente grave en estos centros, se repite en el conjunto del mundo asociativo y está llevando al límite a las entidades que se encargan de dar cobertura a la discapacidad hasta el punto de que hay colectivos que están acudiendo a préstamos bancarios para poder hacer frente a los gastos. "Y es que la Administración sigue pagando tarde y mal", concluye.